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Madrid, julio de 2003.- Según datos del Parlamento Europeo, cada año fallecen en las carreteras de la Unión 42.000 personas, y 1,7 millones resultan heridas de diversa consideración. Una sangría cuyo coste socio-económico sobrepasa los 160.000 millones de €, casi el 2% del Producto Interior Bruto comunitario. En España y durante el pasado año se contabilizaron 4.026 muertos en accidente de tráfico, 1.958 heridos graves y 1.918 leves, en un total de 3.434 siniestros. 2. Estas cifras encierran un drama humano, social y económico casi imposible de cuantificar, un drama que requiere de medidas urgentes y efectivas. En este sentido, la colaboración entre las distintas administraciones que tienen alguna responsabilidad en materia viaria (tanto en lo que atañe a la propia infraestructura como en cuanto a la circulación rodada y los vehículos) se perfila como una fórmula imprescindible para alcanzar resultados positivos en seguridad vial. 3. Asimismo, el desarrollo de metodologías y procedimientos técnicos aplicables tanto a la infraestructura como al vehículo, y la generalización de las nuevas tecnologías telemáticas en el ámbito del transporte por carretera son líneas de trabajo que contribuyen a elevar los niveles de seguridad. La Dirección General de Tráfico y otras administraciones están haciendo importantes esfuerzos en este sentido. 4. Otra herramienta que se viene mostrando altamente efectiva en la lucha contra la siniestralidad en carretera son los planes integrales de Seguridad Vial, que empiezan a elaborarse en los años setenta bajo los auspicios de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos). 5. Sin embargo, en los últimos años se observa, junto a una cierta lentitud en el desarrollo y aplicación de estos planes, una falta de homogeneidad conceptual en su contenido que se deriva de las diferentes metodologías que cada país utiliza para su confección. Del análisis detenido del conjunto de planes vigentes o ya finalizados, se puede concluir que los que arrojan mayores cotas de éxito son aquellos en los que se han cuantificado los objetivos y se han introducido estrategias de gestión. 6. Pero las diferencias tanto en los aspectos teóricos como en los prácticos no se encuentran únicamente en programas de países distintos. En el caso español, algunas Comunidades Autónomas han introducido en sus planes integrales de seguridad vial metodologías que superan, desde el punto de vista técnico, incluso a las que maneja la propia OCDE, algunos con objetivos tan importantes como los casos del País Vasco (reducir el número de fallecidos en un 20% hasta 2006) o Cataluña (un 15% de descenso en tres años), y muchos con excelentes resultados, como la Comunidad Valenciana. En este sentido, el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, organismo que lleva trabajando en la mejora de la seguridad desde 1976, puede y debe evolucionar en el futuro hasta convertirse en el máximo órgano de coordinación en cuanto a la definición de metodologías para la elaboración de dichos planes. 7. Las auditorías de seguridad vial se presentan como un buen mecanismo de gestión. En lo que afecta a la construcción de nuevas carreteras, este procedimiento puede ser implantado, a un coste bastante razonable (alrededor del 10% del coste total de la obra), con relativa facilidad en el corto plazo, y a ello se orientan las distintas políticas de la Comisión Europea en materia de accidentalidad. En cuanto a las carreteras ya en servicio, la introducción de este sistema de gestión resultaría más lenta, si bien es perfectamente factible. 8. Por otra parte, durante las Jornadas se ha puesto de manifiesto que los aspectos normativos que afectan al tráfico son imprescindibles para la seguridad vial, pero no suficientes. 9. Es preciso conjugar muchos otros factores, y, en este sentido, los Medios de Comunicación pueden jugar un papel determinante para la concienciación social sobre el problema. Un buen ejemplo de ello son los nuevos programas monotemáticos de Televisión Española, con una audiencia de seis millones de espectadores diarios. 10. La Isla de La Palma se ha sumado a esta corriente de reducción de la accidentalidad a través de actuaciones en todos los frentes. Así, además de un incremento en sus inversiones en infraestructuras -una iniciativa muy importante pero insuficiente por sí misma si no se acompaña de actuaciones sobre otros aspectos-, el Plan de Mortalidad Cero de la Isla de La Palma incluye al usuario como elemento activo del proceso de mejora de la seguridad, socializando, de esta forma, el problema de los accidentes de tráfico. En este punto cabe recordar que las carreteras de La Palma tienen niveles de seguridad similares a los de Holanda, Reino Unido o Suecia. 11. Planes de seguridad como el que se desarrolla en La Palma permiten abordar el problema de manera integral, implicando a la sociedad en su conjunto, en los ámbitos público y privado. 12. La implicación directa y activa del usuario en los planes integrales de seguridad vial es fundamental para el éxito de los mismos, una premisa que ha tomado en consideración un buen número de administraciones españolas, en cuyos territorios ponen en marcha este tipo de iniciativas. 13. Actualmente, el mundo de la carretera está experimentando rápidas y decisivas transformaciones, y debemos aprovechar esta oportunidad histórica para dar un giro radical a las condiciones generales de accesibilidad, movilidad y seguridad. 14. Toda la sociedad y todas sus instituciones, públicas y privadas, tienen ante sí en estos momentos un reto extraordinario para disminuir la accidentalidad viaria. Espero que en un futuro próximo seamos testigos del éxito de esta empresa. Aniceto Zaragoza
Ramírez PARA MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LA CARRETERA
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